Desarmando a los ciudadanos honestos, no desarmamos a los delincuentes.

Desarmando a los ciudadanos honestos, no desarmamos a los delincuentes.




Dentro de la batería de disposiciones “urgentes” que el gobierno del FA espera aprobar antes del término de su gestión se encuentra una muy particular con la cual, coincidimos en su deseo, pero discrepamos  enfáticamente en los métodos, pues creemos que no solo no solucionará los problemas que anuncia, sino que los incrementara. Nos referimos al Proyecto de Ley de Tráfico ilícito de armas (ahí nuestra coincidencia) pero que pretende regular y controlar el uso de armas, recientemente aprobada en el Senado -con los votos del FA-. Dar respuesta al menos a tres cuestiones nos parece clave para entender: ¿Qué pretende dicha ley? ¿Por qué dudamos de su efectividad? ¿Cuáles son nuestras propuestas? En dicho Proyecto el tráfico es entendido como importación, exportación, adquisición, venta, entrega, distribución y traslado internacional de armas de fuego, municiones y explosivos, el que será castigado con una pena de 3 a 12 años de prisión. Si el tráfico de armas se realiza dentro del país, la pena será de 20 meses de prisión a 6 años de penitenciaria. Las armas, explosivos o municiones serán decomisados y destruidos o en su defecto, reutilizados por el Ministerio del Interior y o por el Ministerio de Defensa Nacional. Al Ministerio del Interior le competerá constituir un registro de balas y municiones usadas, como elementos testigos de todas las armas existentes en el país, por su parte, El Ministerio de Defensa Nacional, a través del Servicio de Material y Armamento, brindará al Ministerio del Interior la información relativa a las armas de fuego requeridas y la identificación de sus titulares. Por último vale destacar que una vez sancionada la ley, los ciudadanos que posean armas de fuego en forma “antirreglamentaria”, dispondrán de 8 meses para entregarlas voluntariamente al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional. Los propietarios de armas deberán registrarse para solicitar la tenencia y el porte, quienes no registren sus armas estarán en infracción, pero quien entregue un arma no se le  investigara su procedencia. Ahora bien, ¿que se busca con esto? ¿Desarmar a la población civil honesta?, ¿o se toma como supuesto ingenuo que los ladrones van a registrar sus armas? Parece un chiste, pero es real y no causa sorpresa. Con esta ley lo único que se logra es criminalizar a quien no es criminal, la población honesta se arma  no por gusto, pues quien tiene que aportarle seguridad no lo hace, en 10 años no han podido solucionar ni mínimamente, la SEGURIDAD, el ciudadano honesto desprotegido y los ladrones  armados y a buen resguardo. El delincuente  no irá preso y si aquel, que cansado de la situación de inseguridad porte un arma. Por ello creemos que es inconcebible pensar en una ley con estos propósitos, y menos ante la situación de inseguridad que vive el país, la peor en las ultimas dos décadas. Además como si fuera poco y no alcanzara, esta ley será complementada por una campaña que permitirá intercambiar una computadora por un arma, ¿y si mejor invertimos en educación y seguridad? Desde Fundapro (Fundación de Vamos Uruguay) se recogió evidencia empírica  que permite constatar que esta estrategia de intercambio fracasó, en los lugares en que se implementó, incluso intercambiando armas por dinero, no dio resultado. Además, de ello se desprende claramente que la persona que delinque usando armas no las va a dar a cambio de una bicicleta o una computadora, está demostrado en el mundo que el problema no son las armas, sino los delincuentes armados en la calle. Desde Fundapro también pudimos constatar que países que tienen mayor cantidad de armas cada 100 habitantes más que Uruguay (que tiene 32) muestran menores tasas de homicidios como por ejemplo Finlandia y Suiza. La aplicación de mecanismos prohibicionistas en la tenencia de armas sólo logrará convertir a miles de personas honestas en delincuentes de la noche a la mañana y además permitirá fomentar la existencia de un mercado negro o ilegal. Por último es de destacar como lo hacemos siempre que esta ley como tantas de las impulsadas por el partido de gobierno viola la Constitución que tiene como pilar fundamental garantizar “el derecho a la vida, la libertad, la seguridad e integridad física”. Facilitar el trabajo a los criminales y criminalizar a los honestos no es la tarea de un Estado democrático de derecho, sino todo lo contrario. Es claro que estos sucesos se gestan cuando intentamos criminalizar a quien no es criminal y proteger a quien debemos encerrar, más educación y seguridad es el camino a seguir.
Dip  Jose Amy